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Fecha: 21/09/2020

Fitosanitarios: no hay que ir muy lejos para encontrar ejemplos

La ciudad de Rafaela se encuentra en la ardua tarea de sentar postura y definir su ordenanza en torno a la aplicación de fitosanitarios en la zona rural lindera a los límites del casco urbano. Sus autoridades políticas evidencian diversos grados de interés y unánime desconocimiento en la materia, lo cual no ayuda mucho a la calidad del debate, que por el momento es laxo, tibio y con dispar atención de los ediles.

Por Gustavo Gigena

Desde que el bloque oficialista que responde al Gobierno de Rafaela (PJ-Frente de Todos), liderado por la concejal Brenda Vimo, anunció que enviaría al Concejo Municipal un proyecto para extender la línea de prohibición de aplicaciones de 200 a 1.000 metros desde los límites de la ciudad, el sector agropecuario no tardó en manifestar su preocupación y desconcierto, puesto que una normativa de ese tenor dejarían prácticamente improductivas unas 4.200 hectáreas de suelos Clase 1 y 2. Según el Ing. Jorge Ghiano, de la Rural de Rafaela, unas 25 explotaciones agropecuarias, incluyendo cinco tambos y dos cabañas de Holando Argentino de prestigiosa trayectoria, serán afectados en un 100% de sus actividades, de prosperar la iniciativa oficialista.

En efecto, en los últimos meses la Sociedad Rural de Rafaela y la EEA del INTA, a través de su Agencia de Extensión Castellanos, han intensificado su interés por participar del debate y aportar información, concretando dos teleconferencias por Zoom con contenidos técnicos y científicos, voces idóneas y casos testigo que ya han superado este espinoso tema.

El más reciente de estos cónclaves se desarrolló el pasado 4 de septiembre con la exposición de tres casos santafesinos que construyeron el consenso social necesario para echar luz sobre la problemática de los fitosanitarios, que les permitió dictar ordenanzas inteligentes apoyadas en la ciencia y el sentido común, sin díscolos ni fanáticos.

Las localidades que mostraron cómo lo hicieron fueron: San Vicente, Cañada Rosquín y Arequito.

El “modelo” Arequito

El Ing. Franco Zucchetti, Veedor técnico del Municipio de Arequito (8.000 hab.), explicó la ordenanza vigente que se gestó en 2011 (actualizada en 2017), anticipándose a los desencuentros y apoyándose en la experiencia de la localidad de Godoy, donde fue clave el aporte de un experto del INTA Oliveros, el Ing. Luis Carrancio.

Es para destacar en este emblemático caso, que la redacción de la ordenanza se analizó en una Comisión multidisciplinaria donde participaron los ciudadanos, funcionarios del área de salud y medio ambiente, productores, agrónomos, y luego de sortear algunos inconvenientes en donde se llegó a prohibir un producto banda verde y enfrentar un juicio de una marca de coadyuvantes (nonilfenol etoxilado), se pudo arribar a una normativa. El consenso se apoya en las siguientes prioridades: salud, ambiente y producción. En ese orden.

Zucchetti dijo que “lo primero es que la ordenanza sea clara, integral y de fácil aplicación y que se delimite concretamente el límite de la ciudad, hacia dónde crecerá la ciudad eventualmente y los lugares sensibles a proteger, mediante un ordenamiento territorial”.

En Arequito existen tres zonas bien marcadas que permiten establecer claramente una límite cero de aplicación de 10 metros y un área controlada de 500 metros, donde se aplican sólo productos banda verde y un estricto control del veedor. Otra zona de 0 a 1.000 metros donde se prohíben todos los productos de formulaciones volátiles y el 2-4D en todas sus formulaciones y finalmente, un área de 1.000 a 3.000 metros donde las aplicaciones aéreas necesitan un permiso especial, con habilitaciones y recetas acordadas con el veedor.

Además, “en todo el distrito están prohibidos los productos banda roja”, apuntó Zucchetti.

Desde ya, “todos estos parámetros exigen contar con un registro de aplicadores, habilitaciones actualizadas para todos los equipos, en el marco de la Ley provincial n°11.273, el uso de elementos de protección personal y estrictos controles del veedor sobre las condiciones climáticas (vientos no superiores a los 12 km/h) y el uso de recetas firmadas por un Ing. Agr. solicitante”, enumeró el ingeniero de Arequito. “Por otro lado, las sanciones son muy importantes desde lo económico y en caso de reincidencia, se procede a la inhablitación del aplicador hasta por un año”, agregó. Todas las actas de lo que sucede en estas áreas son de pública consulta para la comunidad.

Arequito se encuentra en la segunda fase de una ordenanza que con los años fue mejorada y ajustada según las necesidades que fueron surgiendo. Allí figuran detalles técnicos que aportó el INTA para adecuar al “criterio de mínima deriva” con requisitos para los equipos aplicadores que mejoran el proceso y refuerzan la tranquilidad de los vecinos. Por otra parte, desde la ordenanza se alientan las producciones alternativas y sistemas agroecológicos en las zonas periurbanas, para las cuales hay avances auspiciosos aunque lentos todavía.

Desde que rige esta normativa en Arequito no hubo consultas médicas por intoxicación asociada a los agroquímicos.

Cañada Rosquín y su “sello verde”

Otro caso testigo vigente en la región desde 2018, que sorteó la polémica con una resolución inteligente fue Cañada Rosquín en el departamento San Martín, un distrito fuertemente agrícola y también lechero.

“Somos el primer Municipio Verde de la provincia”, contó en el Zoom la Ing. María Eugenia Raciatti, vicepresidenta comunal de este distrito que logró implementar el protocolo AAPRESID bajo Normas IRAM.

“Antes de esta certificación, nosotros ya teníamos la ordenanza comunal y cuando se involucra el proyecto de AAPRESID quedaba muy poco para poder lograr las normas IRAM; para ello trabajamos en conjunto con muchos actores de la producción, la población y el gobierno comunal, hasta lograr una ordenanza que no excluye ni prohíbe, sino controla”, explicó Raciatti.

Para ello, fue central el rol de los Ingenieros Agrónomos y la “voluntad política” para encarar el tema sin prejuicios ni preconceptos. No existe zona vedada sino un área de amortiguamiento de 1.000 que comienza desde la delimitación urbana donde se implantó una cortina de especies perennes. Luego de los 1.000 metros “existe un área de control aéreo que tiene que ver con un sector donde hay muchos tambos que a veces necesitan hacer aplicaciones en enfermedades de maíz y los equipos terrestres no son adecuados”, indicó Raciatti.

Lo novedoso de este caso es sin dudas la certificación AAPRESID y el sello IRAM que se revalida todos los años y que aseguran una gestión sustentable y sostenible en el tiempo, por su procedimiento de auditoría. “Para esto se creó una web app que nos permite estar conectados con los productores, ingenieros, aplicadores para poder aprobar o no, las recetas, cualquier día y horario”, comentó la ingeniera. Esta web dispone toda la información tomada por los fiscalizadores ante cualquier eventualidad que ocurriera y sobre todo, una ardua recopilación de datos de todo lo que sea necesario para estar cumpliendo la ley provincial. A su vez el protocolo IRAM exige el seguimiento de esos lotes: tipo de cultivo, rotaciones, cantidad de aplicaciones, dosis, etc. “Hemos visto en las últimas campañas que esta gestión hizo que se vayan bajando las dosis y cantidad de aplicaciones, además de servirle a los productores para comparar también”.

Todo se realiza con agilidad mediante la web app sin tanto papelerío burocrático y con un estricto control y seguimiento de las condiciones de aplicación. “El ingeniero responsable de los lotes, sube su receta a la web app, yo recibo un mail con esta receta si todo está en orden en cuanto a los productos y las normas de seguridad que deben cumplir estas aplicaciones, se da el ok e inmediatamente los fiscalizadores reciben un aviso y se ponen de acuerdo con el productor y la máquina aplicadora que va a hacer el tratamiento; en tiempo real se puede ver lo que está sucediendo”, comentó Raciatti.

“Claramente, no existen fitosanitarios seguros, sino que existen formas seguras de utilizarlos”, aseveró la vicepresidenta comunal.

San Vicente, venciendo el miedo

La experiencia de la localidad del sur del departamento Castellanos la explicó en el Zoom el propio presidente comunal, Gonzalo Aira: “nosotros somos nuevos en esta nueva implementación de ordenanza, ya que está vigente desde el 20 de julio, aunque hace más de año y medio que venimos trabajando en el tema”.

Para llegar a un consenso, fue clave “sacarnos el temor de lo que son las aplicaciones y ese miedo que lógicamente podamos tener como ciudadanos, se fue venciendo con conocimiento, aprendiendo y abriendo los oídos a nuevas experiencias; de hecho fue la ordenanza que más charlas ha generado en lo que llevo de mis tres mandatos en la comuna y la más difícil”, reconoció Aira.

“Hasta el momento tuvimos dos experiencias que fueron fructíferas, buenas y esperanzados de poder llegar a cumplimentar el primer año y así empezar a sacar las verdaderas conclusiones”, agregó.

“Nosotros hemos dispuesto las tres áreas correspondientes: el área cero o área urbana protegida, donde se prohíbe totalmente el uso de fitosanitarios. Le sigue el área de amortiguamiento o “buffer”, que es el área donde trabajamos muy firmemente con el tema de veedores y control que va hasta los 1.000 metros y 800 metros más para las aplicaciones aéreas”. En San Vicente trabajan tres ingenieros agrónomos y está prohibido el uso del 2-4D en cualquiera de sus formulaciones. Y la presentación de la receta con su respectiva autorización de venta debe hacerse con 48 h de antelación y se corrobora el equipo de aplicación con el fiscalizador o veedor, luego de evaluar las condiciones del clima la carga de insumos se debe realizar en el lote y en presencia del veedor. Además, se debe realizar un triple lavado de los bidones y la perforación de los mismos para no ser reutilizados. “Si las reglamentaciones no se llegan a cumplir, las multas son muy duras”, enfatizó el presidente comunal.

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